El proyecto sobre Sociedades activará escalas del 25%, 30% y 35% para las ganancias de $5 millones, de entre dicho valor y $20 millones, y desde esa cifra en adelante, respectivamente. En tanto, para los dividendos, habrá un 7% homogéneo para todas esas categorías
El oficialismo en Diputados buscará avanzar, durante la tarde de hoy, con los dictámenes correspondientes a la actualización del impuesto a las Ganancias para empresas y el retocado Consenso Fiscal de diciembre pasado, que permitirá subir tributos locales a las provincias en pleno año electoral.
La discusión de ambas iniciativas continuará en la comisión de Presupuesto de la Cámara baja, que comanda el kirchnerista Carlos Heller. El lunes último, el cuerpo escuchó las exposiciones de la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y del secretario de Políticas Tributarias del Ministerio de Economía, Roberto Arias, quienes blindaron el proyecto de Ganancias y destacaron no sólo la “progresividad” del mismo, sino el “alivio” para “nueve de cada diez empresas” que hoy abonan el tributo.
El texto en cuestión activará escalas del 25%, 30% y 35% para las ganancias de $5 millones, de entre dicho valor y $20 millones, y desde esa cifra en adelante, respectivamente. En tanto, para los dividendos, habrá un 7% homogéneo para todas esas categorías.
Marcó del Pont y Arias aprovecharon la invitación del lunes pasado para criticar el Consenso Fiscal de fines de 2017 que empujó el macrismo, que apuntaba como objetivo final a una alícuota del 25% para las Ganancias en empresas.
Arias fue el primero en explicar que dicha situación no repercutió en las decisiones de inversión de las sociedades. “Tuvo un impacto nulo”, aseguró, y agregó que dicha situación “depende de muchos otros factores” y de la estabilidad macroeconómica del país. De hecho, dejó claro que “en los últimos 15 años, las tasas más altas de inversión la tuvimos en 2011 -Cristina de Kirchner- y 2017 -Mauricio Macri-, cuando alícuota era del 35%”.
Luego, Marcó del Pont recordó que la ley original era más “restrictiva” y que, tras enojos opositores y de incluso sectores del oficialismo, los beneficios iniciales para “siete de cada 10 empresas” mutaron a nueve. Según dijo, hay 2.000 sociedades que llegarían a la alícuota máxima, y aprovechó -como Arias- a denostar la reforma macrista de 2017, que generó “una merma de $156.000 millones” para las provincias.
Por último, Marcó del Pont expresó que con el texto que impulsa el kirchnerismo, “habrán $79.000 millones adicionales en términos de recursos tributarios de coparticipación”. A diferencia del sancionado proyecto de Ganancias sobre trabajadores y jubilados, las actualizaciones no serán por salarios, sino por inflación.
Desde la oposición, el radical Alejandro Cacace aseveró: “El gobierno dice simultáneamente que quiere aumentar los impuestos a las empresas, al mismo tiempo, dice que la mayoría de las empresas van a pagar menos y, a la vez, que esto es un ‘alivio fiscal’. Todos esos objetivos la reforma no los puede lograr, y claramente se está yendo marcha atrás respecto de lo que disponía la reforma de 2017, en un momento que es muy delicado para la economía del país, en donde las empresas tienen la presión tributaria nominal más alta de la región, 106% respecto de sus ganancias, y donde necesitamos fomentar el empleo, la producción y las inversiones para recuperar el crecimiento de Argentina”.
Cacace además manifestó: “Es conocido también que tienen las empresas una capacidad de trasladar los impuestos a la producción, el trabajo y a los consumidores en forma de precios, por eso este impuesto no es tan progresivo como el de Ganancias, pero sobre esto no ha habido un análisis”.
La discusión de esta iniciativa se da tras la sanción de la ley de Ganancias para trabajadores y jubilados, con la que el Gobierno buscó dar un beneficio hacia la clase media en pleno año electoral. Para cubrir el costo de dicho proyecto, la Casa Rosada dio luz verde en diciembre pasado al renovado Consenso Fiscal, que permitirá subir impuestos locales a las provincias.
El proyecto que ya aprobó el Senado, y que fue firmado en diciembre pasado por Alberto Fernández y la mayoría de los gobernadores -oficialistas y opositores-, permite subir más los impuestos locales durante el año electoral y desvirtúa aún más la ley de 2017, que apostaba a bajar los tributos.
San Luis y La Pampa no avalaron el acuerdo de 2017 y no tuvieron que adherirse a la nueva norma, mientras que el único opositor que no firmó el Consenso Fiscal fue el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, debido a la puja entre Ciudad-Nación por fondos.
La Ciudad tampoco se sumó debido a que el proyecto prohíbe los juicios al Estado. Más allá de esta pelea, al funcionario del PRO utilizó esta situación como argumento para aumentar los impuestos.
De cara al corto plazo, el oficialismo deberá acordar con la oposición el nuevo protocolo virtual para sesionar, que vence el 30 de abril próximo. Misma situación ocurre en el Senado, aunque el kirchnerismo cuenta con mayoría propia y lo hará sin consultar.
